En una carta fechada el 16 de junio de 2026, Salazar solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que revise la posibilidad de otorgar “parole-in-place” a los cubanos con I-220A que no tengan antecedentes penales, de manera que puedan recibir un trato justo y consistente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

La congresista denunció que durante la Administración Biden se creó un sistema migratorio desigual, en el que algunos cubanos recibieron parole al llegar a Estados Unidos, lo que les permitió acogerse posteriormente a la Ley de Ajuste Cubano, mientras otros fueron procesados con I-220A pese a haber llegado en circunstancias similares.

Según Salazar, esa diferencia ha dejado a miles de cubanos sin una vía clara hacia la residencia permanente, ha dividido familias y ha provocado resultados migratorios distintos incluso entre personas que llegaron juntas al país.

La legisladora también advirtió que muchos de estos migrantes se han visto obligados a presentar solicitudes de asilo para intentar regularizar su estatus, lo que aumenta la presión sobre un sistema de cortes migratorias ya sobrecargado.

El problema del I-220A se agravó tras decisiones legales que dejaron claro que ese documento no es considerado equivalente al parole humanitario requerido para acogerse automáticamente a la Ley de Ajuste Cubano. Como resultado, miles de cubanos que llevan años viviendo, trabajando y formando familias en Estados Unidos siguen sin una solución definitiva.

Salazar insistió en que el DHS debe corregir lo que considera una injusticia administrativa y garantizar que los cubanos procesados de forma distinta, pero bajo circunstancias similares, no sean castigados por una decisión burocrática del gobierno.

La congresista también destacó que muchos de los afectados son trabajadores, profesionales, emprendedores y personas integradas a sus comunidades, que solo buscan estabilidad legal y la oportunidad de continuar sus vidas en Estados Unidos sin miedo a quedar atrapados indefinidamente en un estatus incierto.

La carta confirma que, hasta la fecha, el problema de los cubanos con I-220A sigue sin resolverse. Miles de familias continúan esperando una medida administrativa que les permita salir del limbo migratorio y acceder a una vía legal bajo las protecciones históricas de la Ley de Ajuste Cubano.

Para la comunidad cubana en el exilio, el reclamo de Salazar representa una nueva presión política sobre el Departamento de Seguridad Nacional y una esperanza para quienes llevan años pidiendo que el I-220A no los condene a la incertidumbre.

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