La norma, identificada como Ley 172/2024 “Ley de Ciudadanía”, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 39 Ordinaria de 2026 y entrará en vigor 180 días después de su publicación, es decir, aproximadamente en noviembre de 2026.

El punto más polémico aparece en el Artículo 55, donde se establece que un ciudadano cubano puede ser privado de su ciudadanía si, desde el extranjero, realiza actos considerados contrarios a los “altos intereses políticos, económicos y sociales” de la República de Cuba. La decisión queda en manos de la llamada Autoridad de Ciudadanía correspondiente, lo que deja un amplio margen de interpretación política.

Aunque el texto legal no usa expresamente la palabra “enemigos”, su redacción abre una puerta peligrosa: convertir la ciudadanía en un privilegio condicionado a la lealtad política. En un país donde el Partido Comunista controla el Estado, los tribunales, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los mecanismos administrativos, una fórmula tan ambigua puede ser utilizada contra opositores, periodistas independientes, activistas, exiliados críticos y cualquier ciudadano que cuestione públicamente al poder.

La ley también confirma que la privación de ciudadanía será una decisión administrativa dictada por el Presidente de la República mediante decreto presidencial. En casos que el Estado considere graves por motivos de seguridad nacional, estabilidad del país, relaciones internacionales o salud pública, la autoridad puede emitir el decreto sin seguir las formalidades ordinarias del expediente.

Otro elemento preocupante es el papel del Ministerio del Interior. La propia norma establece que los expedientes de privación pueden instruirse a instancia de la Autoridad de Ciudadanía y de la Fiscalía General, y que el ministro del Interior garantiza el inicio, control y conformación de esos expedientes.

Además, el Ministerio del Interior y las representaciones diplomáticas o consulares en el exterior podrán ocupar o cancelar documentos que acrediten la ciudadanía cubana cuando se acepte una renuncia, se disponga la pérdida o se ordene la privación de esa condición.

La normativa incluye recursos administrativos, pero con limitaciones relevantes. En los casos de decretos presidenciales, la ley solo admite recurso de Reforma, es decir, una reclamación ante la misma autoridad que dictó la decisión. Después de agotada la vía administrativa, el afectado podría acudir al tribunal competente, pero dentro de un sistema judicial subordinado al poder político.

Organizaciones de derechos humanos y análisis jurídicos han advertido que esta legislación refuerza el control del Estado cubano sobre la diáspora y puede transformar la nacionalidad en una herramienta de presión contra quienes denuncien la represión, la miseria, la corrupción o el fracaso del sistema desde el exterior.

El régimen presenta el paquete legal como una modernización migratoria y ciudadana. La prensa oficial ha destacado la eliminación del límite automático de 24 meses fuera del país y la creación de nuevas categorías migratorias, pero evita profundizar en el impacto político de una ley que otorga al Estado nuevas facultades para decidir quién conserva o pierde su vínculo jurídico con Cuba.

En la práctica, la Ley 172 coloca una espada sobre millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Para un régimen acostumbrado a castigar el disenso, negar entradas al país, desterrar opositores y usar la burocracia como arma política, esta legislación representa un paso más en la legalización del control social.

La ciudadanía no debería depender de la obediencia ideológica. Ningún gobierno debería tener el poder de borrar administrativamente el vínculo de una persona con su país por pensar distinto, denunciar abusos o exigir libertad. En el caso cubano, la nueva ley no solo regula la ciudadanía: también envía un mensaje de intimidación a una nación dispersa por el mundo, pero cada vez más decidida a no callar.

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