La Casa Blanca amplió el régimen de sanciones contra Cuba con una orden ejecutiva dirigida a personas, entidades, afiliados e instituciones financieras que apoyen al aparato de seguridad cubano o estén vinculados a corrupción y violaciones graves de derechos humanos. Las medidas alcanzan sectores sensibles como energía, defensa, minería y servicios financieros, y también contemplan castigos para bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas con sancionados.
La lectura republicana es que las sanciones son justificables cuando apuntan al núcleo represivo y a sus redes de financiamiento. Pero deben diseñarse con precisión quirúrgica: castigar al régimen, no al emprendedor cubano ni a la familia que sobrevive entre apagones, inflación y escasez. La política correcta no es aliviar a la cúpula, sino abrir espacio al ciudadano libre.
