La resolución fue aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, en una votación que marca un nuevo golpe político para La Habana dentro de las instituciones europeas.

El texto aprobado insta a la Unión Europea a aplicar medidas específicas bajo el régimen global de sanciones en materia de derechos humanos contra los responsables de la represión en Cuba, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel y a dirigentes de GAESA, el conglomerado militar que controla sectores clave de la economía cubana.

La Eurocámara también planteó que, si el régimen no da pasos claros, concretos y significativos hacia una transición democrática en el corto plazo, la Unión Europea debería suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

Ese acuerdo, durante años cuestionado por opositores, exiliados y organizaciones de derechos humanos, ha sido visto por sus críticos como una herramienta que permitió al régimen cubano mantener relaciones privilegiadas con Europa sin realizar cambios reales en materia de libertades, democracia o respeto a los derechos fundamentales.

En la resolución, los eurodiputados denunciaron que Cuba atraviesa una grave crisis humanitaria, económica y política, marcada por apagones, escasez, pobreza extrema y una represión cada vez más severa contra opositores, activistas, periodistas independientes, religiosos, artistas y ciudadanos comunes que expresan inconformidad.

El Parlamento Europeo también alertó sobre el número récord de presos políticos en Cuba, incluyendo menores de edad, y reclamó la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica.

La resolución exige además el fin de la tortura, los malos tratos y la persecución contra los disidentes, así como reparación para las víctimas de la represión. Para los eurodiputados que respaldaron el texto, la situación cubana no puede seguir siendo tratada como una simple crisis económica, sino como el resultado de un sistema político cerrado que impide libertades básicas y castiga cualquier forma de oposición.

El documento también afirma que la salida para Cuba pasa por cambios económicos y políticos profundos, una democracia plena y multipartidista, y un proceso de transición que incluya a todos los cubanos, tanto dentro de la isla como en el exilio.

La votación representa una fuerte señal política desde Europa contra el régimen de La Habana. Aunque corresponde al Consejo de la Unión Europea y a los Estados miembros ejecutar sanciones concretas, el pronunciamiento del Parlamento Europeo aumenta la presión internacional sobre Díaz-Canel y sobre la estructura de poder que sostiene al castrismo.

Para la oposición cubana y el exilio, esta resolución confirma que la represión en Cuba vuelve a estar bajo la mirada internacional y que el régimen pierde espacio político en Europa. La Eurocámara envió un mensaje claro: no puede haber relaciones normales con un gobierno que mantiene presos políticos, reprime al pueblo y bloquea cualquier camino real hacia la democracia.