El reconocimiento llega en medio de largas colas en los cajeros, falta de efectivo, fallos constantes en las plataformas digitales, mala conectividad y una economía donde comprar alimentos, pagar servicios o resolver una necesidad básica depende muchas veces de tener dinero físico en la mano.
Sin embargo, lejos de responsabilizar al propio sistema que impuso la medida sin condiciones reales para aplicarla, el discurso oficial vuelve a buscar culpables fuera del Estado. Esta vez, el blanco son las MIPYMES y los negocios privados, a los que se acusa de rechazar transferencias, exigir efectivo o aplicar recargos cuando el cliente intenta pagar por vía electrónica.
La contradicción es evidente: el régimen diseñó una política obligatoria de bancarización en un país con apagones, mala conexión, bancos saturados, cajeros vacíos y una población envejecida que muchas veces no domina las aplicaciones digitales. Ahora, cuando el experimento fracasa en la práctica, la culpa se traslada al sector privado y no a quienes tomaron la decisión desde un buró.
En Santiago de Cuba, como en el resto del país, la falta de efectivo golpea especialmente a jubilados, trabajadores y familias que dependen de pequeñas cantidades de dinero para sobrevivir. Muchos deben recorrer varios cajeros, hacer colas interminables o pagar comisiones informales para conseguir efectivo. Mientras tanto, el Estado exige pagos digitales sin garantizar infraestructura, estabilidad tecnológica ni confianza bancaria.
Las MIPYMES, por su parte, operan en medio de una economía distorsionada, sin acceso normal a divisas, con importaciones costosas, impuestos crecientes y un mercado donde el efectivo sigue siendo indispensable. Aunque algunos negocios se aprovechan de la situación, la raíz del problema no está en el pequeño comerciante, sino en un modelo económico incapaz de sostener su propia política financiera.
La bancarización fue presentada como un paso hacia la modernidad, pero terminó mostrando la fragilidad del sistema cubano. No digitalizó la economía: la complicó. No facilitó la vida del ciudadano: la hizo más difícil. No ordenó las finanzas: aumentó la desconfianza.
El régimen intenta ahora convertir a las MIPYMES en chivo expiatorio, cuando el verdadero fracaso está en haber impuesto una medida sin respaldo material, sin liquidez, sin conectividad estable y sin una economía funcional.
La prensa oficialista puede admitir parcialmente el desastre, pero evita señalar al responsable principal: el propio gobierno cubano, que una vez más obliga al pueblo a cargar con las consecuencias de sus experimentos económicos fallidos.
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