La empresa estatal recordó que la sustracción de componentes eléctricos no será tratada como un simple robo, sino como delito de sabotaje, una figura penal mucho más grave y con sanciones que pueden llegar hasta 30 años de cárcel, cadena perpetua e incluso pena de muerte en determinados supuestos, según el marco legal citado por medios cubanos.

La advertencia apunta contra quienes sustraigan aceite dieléctrico, piezas de inversores, conductores, tornillos, paneles solares o componentes de parques fotovoltaicos, subestaciones eléctricas, grupos electrógenos y redes de transmisión. La UNE sostiene que estos hechos afectan directamente la estabilidad de un sistema ya golpeado por apagones masivos y déficit de generación.

De acuerdo con reportes sobre el pronunciamiento del Tribunal Supremo Popular, estas conductas se encuadran en el Artículo 125 del Código Penal cubano, que castiga la destrucción, alteración, daño o perjuicio de medios, recursos, sistemas o instalaciones destinadas a garantizar fuentes energéticas o la transmisión de energía. La pena base prevista es de siete a quince años de privación de libertad.

El castigo puede agravarse severamente cuando los hechos provocan daños mayores, accidentes, lesiones, pérdida de vidas humanas o cuando se emplean medios peligrosos como explosivos, fuego o agentes químicos. En esos casos, las sanciones pueden subir de 10 a 30 años de cárcel, privación perpetua de libertad o muerte.

La ofensiva penal llega en un momento de enorme deterioro del sistema eléctrico cubano. El país vive jornadas de apagones prolongados, déficit de generación, termoeléctricas averiadas, falta de combustible y una infraestructura que funciona al límite después de décadas de abandono y falta de inversión.

El régimen presenta el robo de componentes como una amenaza directa contra el servicio eléctrico y contra la seguridad del Estado. Pero la realidad también muestra otra cara: cuando un país se hunde en pobreza extrema, escasez y apagones, crecen el mercado negro, el desespero y el saqueo de recursos básicos.

Eso no justifica los robos ni los daños contra instalaciones eléctricas. Cada transformador vandalizado, cada cable robado y cada panel destruido empeora la vida de barrios completos, deja familias sin corriente y puede provocar accidentes mortales. Pero tampoco se puede ignorar que la crisis social es el terreno donde estos delitos se multiplican.

Según los reportes citados, entre enero de 2025 y marzo de 2026 el 100% de las personas juzgadas por delitos de este tipo recibió condenas superiores a 10 años de prisión, acompañadas de sanciones accesorias como confiscación de bienes, restricciones de movimiento y prohibición de salida del país en determinados casos.

Además de las penas de cárcel, los sancionados deben asumir responsabilidad civil por los daños ocasionados. Eso incluye el valor del material sustraído, las afectaciones colaterales al servicio y otros costos derivados del perjuicio al sistema eléctrico.

La normativa también limita el acceso a beneficios como la libertad condicional. En estos casos, los condenados deben cumplir al menos dos terceras partes de la sanción antes de que pueda evaluarse una posible excarcelación anticipada.

El mensaje de la UNE y del aparato judicial cubano es claro: el Estado responderá con mano dura contra quienes toquen la infraestructura eléctrica. Pero esa amenaza también revela la fragilidad del sistema. Un país con una red energética sólida no tendría que convertir cada robo de piezas en un asunto de seguridad nacional.

Mientras la población pasa horas sin corriente, el régimen insiste en buscar culpables externos, ladrones y “saboteadores”. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo estructural: termoeléctricas envejecidas, falta de mantenimiento, mala gestión, escasez de combustible y décadas de centralización económica.

Cuba necesita proteger su infraestructura eléctrica, sí. Pero también necesita reconstruirla. Necesita inversión, transparencia, mantenimiento real, capacidad de generación estable y un modelo que deje de castigar al pueblo con apagones mientras promete soluciones que nunca llegan.

La amenaza de cadena perpetua contra quienes roben componentes eléctricos muestra un régimen más dispuesto a endurecer castigos que a resolver las causas profundas del colapso. Porque la electricidad no se recupera solo con tribunales: se recupera con infraestructura, combustible, gestión eficiente y un país que funcione.

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